Aprovecho este espacio para compartir un bosquejo de tres acontecimientos que han marcado a la frontera entre los Estados Unidos y México este verano, así como para reflexionar brevemente sobre cómo retan a la ética teológica para que continúe profundizando nuestra habilidad de enfrentar la realidad compleja de las migraciones. Comparto estas líneas desde San Diego, California, con el afán de colaborar desde esta frontera con múltiples diálogos ético-teológicos y pastorales que se llevan a cabo en y desde otras fronteras a lo largo y ancho de Latinoamérica y el Mediterráneo (incluyendo a la mesa virtual de migración de la CTEWC). Agradezco a mis colegas norteamericanos la oportunidad de escribir en este espacio en nuestro idioma, pues 41 millones de personas hablamos el español en casa en los Estados Unidos, el 55 porciento de los cuales nacimos en este país. Comento que en este espacio usaré el término de migrante para reconocer a toda persona que cruce una frontera internacional con el fin de llegar a un país distinto a su tierra natal, por la razón que fuese (incluyo así a quienes buscan asilo por razones políticas o económicas, por la combinación de ambas, o por otras razones).
Los tres acontecimientos son el fin del Título 42, la construcción del muro acuático en el río Bravo (llamado el río Grande en los Estados Unidos), y la continuación del uso de migrantes como carne de cañón con fines políticos en el contexto de la contienda electoral que ya se asoma.
El 11 de mayo, el gobierno federal dio fin al uso del Título 42 del Código de los Estados Unidos como su herramienta principal para controlar los flujos migratorios a lo largo de la frontera. Hace poco más de tres años (el 20 de marzo del 2020), la administración del presidente Trump emitió una orden de salud pública bajo este código para evitar la propagación del COVID 19, con el fin de poder expulsar inmediatamente a aquellos migrantes que llegasen a la frontera, incluso evitándoles la posibilidad de buscar asilo. Desde entonces y hasta el 11 de mayor, el gobierno federal, incluyendo bajo la actual administración del presidente Biden, llevó a cabo más de 2.8 millones de expulsiones, la gran mayoría a México, sin importar el origen de los migrantes. Esto creó grandes retos de ayuda humanitaria para Tijuana y las demás ciudades a lo largo de la frontera mexicana durante la pandemia.
Aprovechando el final del Título 42, el gobierno federal marcó un giro a la política migratoria. Endureció el castigo por cruzar a los Estados Unidos, aún en búsqueda de asilo, a quienes no hayan antes solicitado asilo en los países que atravesaron para llegar a la frontera, o a quienes no hayan antes hecho cita previa en un app. Desde el 11 de mayo, las autoridades migratorias actúan bajo la presunción de que aquellos migrantes que lleguen a la frontera sin hacer lo anterior, incumplen los requisitos para recibir asilo en los Estados Unidos. En efecto, esto significa que aquellos venezolanos o centroamericanos que lleguen a la frontera buscando asilo primero tendrán que haberlo buscado al menos en México. O como mínimo, deberán haber obtenido una del alrededor de mil citas diarias que el gobierno estadunidense ofrece en su app (hay una necesidad promedio de 7,000 citas diarias). Estos cambios crearon confusión y rechazo en ambos lados de la frontera tanto por defensores de los derechos de los migrantes como por quienes buscan aún mayor dureza.
El miedo a las consecuencias del fin del Título 42 marcó a los noticieros y la opinión pública. Como es ya común, varios usaron palabras como marea, invasión, y batalla (entre otras) para describir lo que nos esperaba a partir del 11 de mayo. Como respuesta, quince gobernadores enviaron a su Guardia Nacional (cada estado cuenta con una) para apoyar al gobernador de Texas, incluyendo 1,100 tropas de Florida. Aunadas a ellas, el presidente Biden envió a 4,000 tropas por parte del gobierno federal. Aunada a esa respuesta, el gobernador de Texas ordenó la construcción de un muro acuático móvil de 300 metros sobre el río Bravo en su frontera con México para impedir la llegada de migrantes. Desde entonces, al menos cinco han muerto en ese muro, el más reciente un joven hondureño. (Cabe observar en este espacio que tanto el gobernador Abbott de Texas y el gobernador DeSantis de Florida, ambos republicanos, como el presidente Biden, demócrata, son católicos.)
Aunado a los hechos anteriores, los gobernadores de Florida y Texas continuaron usando a los migrantes que logran cruzar la frontera en sus estados como carne de cañón en el contexto de la contienda presidencial que ya inicia. DeSantis busca la presidencia. Es así que el junio del año pasado, DeSantis organizó vuelos a Massachussets para migrantes que habían cruzado en Texas usando tácticas muy semejantes a las usadas por redes de coyotes (promesas falsas de apoyos y subsidios cuando llegasen a su destino, apoyo legal, etc.). Desde entonces, ambos gobernadores han continuado esa práctica, ahora enviando a migrantes a más estados, incluyendo a Nueva York y California, que son gobernados por demócratas. El fin político, entre otros, es forzar a que esos estados sufran los costos económicos y en materia de seguridad pública (reales y percibidos) que cargan los estados fronterizos para que sus gobernantes pierdan las contiendas electorales venideras al ser percibidos como débiles en temas de seguridad nacional y política migratoria. Este verano, murió una bebé venezolana de tres años en tránsito de Texas a Chicago.
Los párrafos anteriores son solo un bosquejo de hechos recientes, mas son lo suficiente para sugerir que retan a nuestra disciplina en el contexto norteamericano para que continúe profundizando la habilidad de la iglesia, nuestra sociedad, y gobiernos (estatales y federal) de enfrentar esta realidad de manera más humana. Gracias a Dios, la comunidad de colegas, incluyendo aquellos de origen hispano/latino que intentamos hacerlo, sigue creciendo (Leo Guardado siendo una voz con gran profundidad).
En la iglesia, la experiencia del sínodo en San Diego ha sido valiosa, aun cuando como miembro de la comisión diocesana del sínodo, reconozco faltas. Dando expresión a los primeros frutos de nuestro caminar sinodal, el Cardenal McElroy ha lanzado un llamado para ser una iglesia de inclusión y pertenencia compartida (traducida del “radical inclusion”, puede leer su artículo en español aquí). La comunidad católica en San Diego ha confiado en el proceso sinodal al punto de dejar en clara evidencia la polarización que sufrimos en torno a varios temas, incluyendo la ordenación de las mujeres, el reconocimiento pleno de católicos LGTBI, y de católicos divorciados y vueltos a casar. Cabe destacar que los católicos de origen hispano/latino expresaron mayor apertura a vivir la inclusión ante esos temas que los católicos de origen anglosajón/europeo, quizás por experiencias familiares más recientes con la migración.
Pienso que nuestra polarización eclesial refleja fielmente la polarización que vive la sociedad estadounidense. Esa polarización es a la vez causa y consecuencia de la división que vivimos en torno a desacuerdos sobre cómo debemos actuar ante la realidad de las migraciones. Los acontecimientos de este verano han afianzado en mí la convicción de que, muy probablemente, el miedo y la dureza de corazón están al centro de esa dinámica. El miedo desmedido arremata y endurece a tantos corazones en los Estados Unidos al punto que buscamos construir muros sin fin, aún sobre el río Bravo. Por esa razón, agradezco espacios que colegas han abierto en Brasil y en otros países latinoamericanos para pensar y repensar la manera en que nuestra disciplina puede desarrollar nuestra habilidad de comprender y practicar la ternura y la compasión (pienso en Ternura: Una abordagem ético-teológica, editado por Trasferetti y Zacharias, como ejemplo).
La realidad de la polarización a la luz de los acontecimientos de este verano también invita a cuestionar la manera en que nuestras sociedades (especialmente sus elites políticas) valoran el estado de derecho (rule of law, en inglés). Como explica Kaveny en Law’s Virtues: Fostering Autonomy and Solidarity in American Society, por varias razones, la sociedad estadounidense tiende a sobrevalorar la función punitiva (o policial) de la ley y a menospreciar su función pedagógica. Pienso que su observación ayuda a entender la imaginación política que marca el debate estadounidense en torno a la respuesta gubernamental ante la migración en la frontera y más allá: la intuición es sobrevalorar el uso de la ley para castigar a migrantes y menospreciar su uso para crear una sociedad más humana que vele por sus derechos humanos, comenzando por el derecho a no perder la vida al cruzar la frontera.
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Bensman, Todd. “Human Tidal Wave Is Waiting for Border to Open May 11 — Biden Has No Plan to Stop It.” New York Post, April 18, 2023. https://nypost.com/2023/04/18/human-tidal-wave-is-waiting-for-border-to-open-may-11-biden-has-no-plan-to-stop-it/.
Bush-Joseph, Kathleen, and Muzaffar Chisti. “U.S. Border Asylum Policy Enters New Territory Post-Title 42.” Migrationpolicy.Org, May 23, 2023. https://www.migrationpolicy.org/article/border-after-title-42.
Carmona, Victor. “Questioning Hope at Our Borders – 2022 Presidential Address.” Journal of Hispanic / Latino Theology24, no. 2 (December 1, 2022): 90–101.
Chisti, Muzaffar, and Julia Gelatt. “Activism on Immigration by U.S. States Is Back, with New Tactics and Different Targets.” migrationpolicy.org, June 27, 2023. https://www.migrationpolicy.org/article/state-activism-immigration.
Crowder, Valerie. “Flying Migrants to Massachusetts Was Political, Critics Say. But Was It Legal?” NPR, September 18, 2022, sec. National. https://www.npr.org/2022/09/18/1123644692/desantis-migrants-texas-massachusetts-marthas-vineyard-legal-questions.
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